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SEXTA PARTE DEL ARTICULO

Las bicentenarias agresiones de Estados Unidos contra America Latina y el Caribe

LA GUERRA TERRORISTA CONTRA EL TERRORISMO

2001: Inmediatamente después de su fraudulenta elección a fines del año 2000 y sin consultar a los gobiernos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela, el presidente republicano George W. Bush (2001-2005) anunció el despliegue de la multimillonaria Iniciativa Andina Antidrogas –más conocida como Iniciativa Regional Andina (IRA)— dirigida a complementar el Plan Colombia y a asegurar la influencia militar, geopolítica y geoeconómica estadounidense en la convulsa región andino-amazónica. Con tal fin, también presionó al gobierno de Brasil –presidido por el socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso (1994-2003)— para que autorizara al SOUTHCOM a ocupar la base militar de Alcántara y pusiera en funcionamiento el sistema de radares que, con vistas a controlar el tráfico aéreo y naval en la amazonía, le había suministrado a las Fuerzas Armadas brasileñas algunas corporaciones estadounidenses.

Paralelamente, el mandatario estadounidense respaldó la dura represión desatada por la policía canadiense contra las masivas protestas populares que se desarrollaron en Québec contra la decisión (únicamente protestada por el presidente venezolano Hugo Chávez) de la Tercera Cumbre de las Américas de concluir, antes de diciembre del año 2005, las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA) que venía negociando desde 1998 la Administración de William Clinton con todos los gobiernos del Hemisferio Occidental, excepto el gobierno revolucionario cubano.

Para acelerar la “transición” de este hacia una “democracia de libre mercado”, la Casa Blanca promulgó una ley que amplió el financiamiento de los grupos terroristas y contrarrevolucionarios de origen cubano que actúan en Miami, así como a los llamados “grupos disidentes” radicados en Cuba. Asimismo, violando la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela, la USAID, la NED y otras “fundaciones” estadounidenses ampliaron su financiamiento a varias organizaciones venezolanas implicadas en diversos planes dirigidos a derrocar al presidente Hugo Chávez (1999-….).

Simultáneamente, y desconociendo todos los acuerdos que posibilitaron la solución política y negociada del “conflicto centroamericano” (1980-1987), el establishment de la política exterior y de seguridad de Estados Unidos –estrechamente aliado con los gobiernos derechistas de México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua— continuó impulsando la remilitarización del Sur de México y del istmo centroamericano; sobre todo, después de los cruentos atentados terroristas contra el World Trade Center de Nueva York y contra el edificio del Pentágono, hecho que fue tomado como pretexto por los reaccionarios grupos que asumieron el poder en la Casa Blanca para revitalizar, con el respaldo de la OEA y el concurso de la JID, sus tratados militares y seguridad con los sectores más represivos de las fuerzas armadas y policiales del hemisferio occidental.

En su renovado papel de “policía del mundo” esos acuerdos deben complementar la capacidades de Estados Unidos para garantizar “la seguridad absoluta” de sus territorio, librar “sus guerras infinitas contra el terrorismo de alcance global” y estigmatizar, neutralizar o eliminar a todos aquellos sectores socio-políticos, Estados y gobiernos opuestos a la dominación plutocrática-imperialista. De inmediato, así ocurrió en Nicaragua; donde, con vistas a disminuirle sus posibilidades electorales, el entonces candidato presidencial del Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua, Daniel Ortega, fue acusado por los voceros de la Casa Blanca de mantener vínculos con diversos “gobiernos terroristas”, entre ellos los de Cuba y Libia.

2002: Bajo la presión del gobierno de Estados Unidos y sobre la base de la acusación de que esas organizaciones político-militares practicaban “el narcoterrorismo”, el presidente colombiano Andrés Pastrana rompió las “negociaciones de paz dentro de la guerra” que, desde hacia cuatro años, venía desarrollando, por separado, con las FARC-EP y con ELN. Acto seguido, las Fuerzas Militares colombianas emprendieron la terrorista Operación Tanato (Muerte) contra las fuerzas guerrilleras y la población civil de los cuatro municipios desmilitarizados donde se realizaron las conversaciones con las FARC-EP y la Casa Blanca solicitó al Congreso estadounidense la autorización necesaria para usar toda la voluminosa ayuda militar entregada o por entregar al gobierno de Colombia “en una campaña unificada contra el narcotráfico, las actividades terroristas y otras amenazas a la seguridad nacional”. Tal decisión acrecentó la intervención directa de militares y “contratistas” estadounidense en el cruento conflicto colombiano.

Por otra parte, a pesar del rechazo mayoritario de sus habitantes, la Marina de Guerra estadounidense reinició sus lesivas maniobras militares en la isla Vieques, Puerto Rico, con el pretexto de que esas maniobras eran “vitales para el éxito de la guerra contra el terrorismo”. Con igual pretexto y con mayor o menor éxito, según el caso, el Departamento de Estado les exigió a los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay su “autorización” para que los órganos militares y de seguridad estadounidenses pudieran operar libremente en la llamada “zona de la triple frontera”. También logró que –pese a las acrecentadas protestas populares— el recién estrenado Presidente peronista argentino, Eduardo Duhalde (2002-2003), autorizara la realización de la Operación Cabaña que, desde el año anterior, venían desarrollando las fuerzas represivas fueras armadas de ese país con la participación de 1500 oficiales de Estados Unidos, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.

Por otra parte, con el chantaje de eliminarles los beneficios comerciales que unilateralmente les había concedido Estados Unidos en los marcos de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (1983) y de la Iniciativa Andina Antidrogas (1989) y con la promesa de adelantar con ellos negociaciones plurilaterales dirigidas a la suscripción de Tratados de Libre Comercio, en su primer viaje por América Latina, el presidente George W. Bush obtuvo el irrestricto apoyo a su “guerra infinita contra el narcoterrorismo” de los presidentes centroamericanos (reunidos en San Salvador) y de la mayor parte de los mandatarios andinos (congregados en Perú). Con diversos argumentos, a esta última reunión no fue invitado el presidente venezolano Hugo Chávez; quien en abril de este año había sido victima de un frustrado golpe de Estado contrarrevolucionario aupado por la CIA y el Departamento de Estado y encabezado por el presidente de la poderosa organización empresarial FEDECAMARAS, Pedro Carmona Estanca. Este, violando la Carta Democrática Interamericana (aprobada por la OEA el año precedente) de inmediato encontró el aliento oficial del gobierno de Estados Unidos y de otros gobiernos reaccionarios de América Latina.

Esa intentona fue antecedida de diversas acciones terroristas emprendidas por los grandes monopolios de la comunicación y por grupos paramilitares de la derecha venezolana. Igualmente fue acompañada de una cruenta represión contra dignatarios y partidarios del gobierno constitucional de ese país. Meses después de todos esos acontecimientos, el Presidente estadounidense dio a conocer la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en la que proclamo el supuesto derecho de ese país a emprender “guerra preventivas” contra aquellos Estados del mundo que –en la unilateral percepción del gobierno norteamericano— protegieran o financiaran a los “grupos terroristas”.

A partir de sus enunciados ilegales, guerreristas y expansionistas, así como menospreciando a los gobiernos de Canadá y México, el Pentágono anunció la creación del Comando Norte responsabilizado con la defensa y seguridad de todos el territorio de Norteamérica (desde Alaska, hasta la frontera norte de Guatemala), de las colonias estadounidenses en el Mar Caribe (Islas Vírgenes y Puerto Rico), así como de Bahamas y Cuba; cuyo gobierno –con diversas argucias— fue incluido por el Presidente estadounidense en “el eje del mal” y por el Departamento de Estado en su lista de “países terroristas”. También, sin mostrar prueba alguna, fue acusado por un alto funcionario de esa dependencia de “desarrollar investigaciones de guerra biológica y de suministrar biotecnología a otros países que puede ser utilizada por el terrorismo”.

Según denunció oportunamente el gobierno cubano, esas falacias perseguían fabricar nuevos pretextos para justificar ante la opinión pública internacional una escalada de las constantes agresiones del gobierno estadounidense contra la Revolución; incluidas las sistemáticas resoluciones contra Cuba que, desde la administración de George H. Bush (1989-1993), viene presentado ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU “el Gobierno de Estados Unidos y sus lacayos de diferentes partes del mundo”.

2003: Dándole continuidad a sus agresiones contra el gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, la administración de George W. Bush apoyó de manera sibilina “el golpe de Estado petrolero” (incluyó diversos sabotajes contra las instalaciones de esa industria) emprendido por los sectores de derecha, en contubernio con los grandes monopolios de la comunicación y con los sectores de la “aristocracia obrera” petrolera organizados en la oposicionista Central de Trabajadores de Venezuela. Ante el fracaso de ese empeño y desconociendo la soberanía de ese país, la USAID, la NED y otras fundaciones estadounidenses financiaron a las principales organizaciones de la “sociedad civil” que comenzaron a impulsar un referendo revocatorio del presidente Hugo Chávez.

Paralelamente, el aparato de propaganda estadounidense amplificó su campaña acerca de la presunta vinculación de ese mandatario con los mal llamados “grupos terroristas y narcoguerrilleros” colombianos. Esa reiterada falacia fue convergentes con las presiones de la Casa Blanca y del reaccionario presidente colombiano Álvaro Uribe (2002-…) –interesado en amnistiar a los grupos terroristas y paramilitares de derecha estrechamente vinculados al “narcotráfico”— dirigidas a internacionalizar el conflicto armado colombiano mediante la participación de las fuerzas armadas suramericanas y, especial, la de los países fronterizos con Colombia. A partir de sus compulsivos compromisos con su homólogo norteamericano, esa idea encontró receptividad en los políticamente desgastados mandatarios de Ecuador y Perú, Lucio Gutiérrez (2002-2005) y Alejandro Toledo, respectivamente.

En coordinación con los medios del SOUTHCOM dislocados en la Base de Manta, Ecuador— ambos países movieron importantes efectivos militares hacia sus correspondientes fronteras con Colombia con vistas a actuar como “yunque” de las brutales operaciones militares y de la virtual “guerra química” contra la población civil y las unidades guerrilleras de las FARC-EP previstas en la “segunda fase del Plan Colombia”.

La administración Bush también presionó al recién estrenado gobierno de presidente argentino Néstor Kirchner (2003-…) para que –además de saldar la abultada deuda externa con sus acreedores y con el FMI— autorizara la realización, bajo la dirección del SOUTHCOM, del ejercicio contrainsurgente Águila III con participación de unidades de las fuerzas armadas argentinas y de observadores militares de Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay; pero el mencionado mandatario rechazó tales demandas a causa, entre otras, de la exigencia oficial estadounidense de que le concediese impunidad a todos los militares norteamericanos que participaran en esas maniobras. Con el chantaje de perder de su ayuda militar, esa exigencia y la consiguiente suscripción de Acuerdos Bilaterales de Inmunidad (BIA, por sus siglas en inglés) fue incorporada por los sectores más reaccionarios del establishment de la política exterior, de defensa y seguridad estadounidense en la agenda de sus relaciones todos los Estados latinoamericanos y caribeños signatarios del Tratado de Roma de 1998 que dio origen a la Corte Penal Internacional encargada de juzgar diversos crímenes de lesa humanidad.

En consecuencia, el recién electo Presidente brasileño Luís Inácio Lula da Silva (2003-2007) rechazó la solicitud que le había formulado a su antecesor el gobierno de Estados Unidas de ocupar la Base Militar de Alcántara, considerada como “la puerta de entrada” a la cuenca amazónica. Igualmente, Lula se distanció de las persistentes demandas norteamericanas dirigidas a implicar a las Fuerzas Armadas brasileñas en una Fuerza Militar Suramericana dirigida, entre otras cosas, a luchar contra el “narcoterrorismo”. A cambio aceptó que estas participaran en un esfuerzo conjunto con las de Estados Unidos, Argentina y Paraguay dirigido a “controlar” la llamada “triple frontera”; donde –según las reiteradas e infundadas afirmaciones oficiales estadounidenses— operan diversos grupos terroristas, incluso algunos islámicos. Paralelamente, la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana emprendió diversas provocaciones contra el gobierno cubano.

Simultáneamente, violando los acuerdos migratorios existentes, la Casa Blanca estimuló el secuestro de algunas naves aéreas cubanas. A la par, amenazó al gobierno cubano con adoptar medidas drásticas en caso que se produjera una crisis migratoria entre ambos país. Según la administración Bush, tal crisis sería considerada “una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos”. En razón de la enérgica respuesta de los tribunales cubanos frente a los autores del secuestro de una embarcación de transporte con sus pasajeros, los aparatos de propaganda estadounidense emprendieron una nueva campaña propagandística dirigida a lograr el aislamiento internacional de la Revolución Cubana.

2004: Continuando su centenaria política intervencionista en los asuntos internos de Haití, fuerzas militares estadounidenses y francesas ocuparon ese país y deportaron al presidente Jean-Bertrand Aristide. Inmediatamente después, impusieron un gobierno encabezado por el “presidente” Boniface Alexandre y por el Primer Ministro, Gerard Latortue. Ante la ilegitimidad de origen de su mandato y su incapacidad para controlar la convulsa situación de ese empobrecido país, estos le solicitaron a la ONU el envió de una fuerza multinacional que contribuyera a la pacificación del país.

Creando un complicado precedente y gracias a las gestiones de la administración Bush, esa fuerza militar –identificada con el acrónimo MINUSTAH— fue comandada por un General brasileño e integrada por más de 7 000 afectivos de diversos países del mundo; la mayor parte de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Uruguay. La indefinición de objetivos por parte del “gobierno haitiano” y las presiones de la Casa Blanca para que la MINUSTAH se implique directamente en la represión de los diferentes “grupos armados” existentes, rápidamente colocó a esa fuerza multinacional en medio de fuertes contradicciones entre los intereses geopolíticos y geoeconómicos estadounidenses y las principales demandas de la población haitiana.

Paralelamente, en un nuevo acto agresivo contra la mayor de las Antillas, la administración de George W. Bush dio a conocer algunos de sus planes dirigidos “acelerar la transición” de la Revolución Cubana hacia una “democracia de libre mercado” y, acto seguido, adoptó un conjunto de medidas dirigidas a fortalecer su “guerra económica” contra el pueblo cubano, así como a fortalecer a los llamados “grupos disidentes” que funcionan en Cuba y a los grupos contrarrevolucionarios y terroristas de origen cubano que actúan desde Estados Unidos.

En una concesión a esos grupos, la Presidenta panameña Mireya Moscoso (1999-2004) ilegalmente “indultó” a un grupo de cubanos (entre ellos, el convicto y confeso terrorista internacional de origen cubano y prófugo de la justicia venezolana, Luis Posada Carriles) sancionados por los tribunales panameños por su demostrada participación en una frustrada acción terrorista dirigida, entre otras cosas, a asesinar al presidente cubano Fidel Castro durante su participación en la X Cumbre Iberoamericana efectuada en Panamá en el año 2000. A su vez, como pago a sus servicios y pese a la solicitud de extradición del gobierno venezolano, la Casa Blanca permitió la permanencia impune en territorio estadounidense de Posada Carriles y de otros terroristas de origen cubano estrechamente asociados con él.

Demostrando el “cordón umbilical” que la une con los sectores más reaccionarios de Estados Unidos, la mandataria panameña también respaldó las demandas de un alto oficial del SOUTHCOM de formar una fuerza multinacional capacitada para defender el Canal de Panamá de “un ataque terrorista”. Según las denuncias que se han formulado, esas declaraciones fueron antecedidas de maniobras aéreas y navales secretas –llamadas “Panamá 2004”—efectuadas por 3 000 efectivos militares de Estados Unidos, Argentina, Colombia, Chile, Honduras, Perú y República Dominicana; acto considerado como una agresión a la reconocida neutralidad del Canal de Panamá y a la soberanía panameña. Conceptos parecidos fueron empleados para calificar la descarada injerencia oficial estadounidense en las elecciones presidenciales efectuadas en El Salvador. En estas, mediante ataques al candidato del FMLN, Schafick Handal, y la amenaza de suspender las “remesas familiares” de los inmigrantes salvadoreños la Casa Blanca favoreció la elección de Antonio Saca, candidato de la reaccionario Alianza Republicana Nacional (ARENA), partido político directamente responsable del régimen terrorista que se instaló en ese país entre 1970 y 1992.

Paralelamente, en Venezuela, la administración de George Bush hizo todo lo que estuvo a su alcance para deslegitimar los resultados del referendo revocatorio contra el presidente. Sin embargo, fue tal la pulcritud del proceso que –ante las vacilaciones del Secretario General de la OEA, César Gaviria— el propio ex Presidente estadounidense ames Carter reconoció la contundente victoria del líder de la Revolución Bolivariana.

2005: A pesar de una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Atlanta, Estados Unidos, que declaró ilegitimas las condenas que, en el año 2003, les había impuesto un espurio Tribunal de Miami a los que en Cuba se llaman “los cinco héroes prisioneros del imperio”, demostrando su complicidad con los grupos terroristas de origen cubano que actúan en Miami y su persistente agresividad contra el pueblo cubano, la administración de George W. Bush presentó una “apelación legal” que prolonga indefinidamente las condiciones ilegales, inhumanas y degradantes a que –según los Relatores de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU— han estado sometidos durante siete años en cárceles estadounidenses los ciudadanos cubanos Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González.

Paralelamente, luego de firmar un leonino Tratado de Libre Comercio con todos los gobiernos de los países centroamericanos y de República Dominicana (conocido con las siglas CAFTA-RD), desconociendo todos los acuerdos que posibilitaron la solución política de la “crisis centroamericana” y las decisiones previas dirigidas a lograr la “seguridad democrática” de esa región, así como luego de diversas presiones contra los gobiernos centroamericanos, el establishment de la política exterior y de seguridad estadounidense concretó la formación, asesoramiento, entrenamiento y equipamiento “de una Fuerza de Acción Rápida contra el narcotráfico, las pandillas y el terrorismo” integrada por destacamentos militares y policiales de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

Con vistas al cumplimiento de las funciones represivas de esa fuerza multinacional, también se centralizó San Salvador “una base de datos sobre esas pandillas” (conocidas como “maras”) y comenzó a instalarse en ese país la Academia Latinoamericana para el Cumplimiento de la Ley, filial de la Academia Internacional de Policías con sede en Washington en la que se entrenaron (y aún se entrenan) innumerables policías latinoamericanos y caribeños implicados en asesinatos, torturas y otros actos sádicos contra los prisioneros políticos, comunes y la población civil.

La institucionalización de los órganos represivos arriba mencionados contó con el respaldo o la anuencia de todos los mandatarios centroamericanos, al igual que de los Presidentes de México y Colombia, Vicente Fox y Álvaro Uribe, respectivamente. Como respuesta a la conclusión del financiamiento norteamericano previsto para el Plan Colombia, así como a sus cuestionados resultados, Uribe continúo impulsando su llamado “Plan Patriota”, a través del cual se han venido incrementando el número de asesores militares y “contratistas” estadounidenses implicados en la lucha contra “la narcoguerrillera”; lo que demuestra la anuencia de la Casa Blanca hacia las “negociaciones de paz” que ha venido desarrollando el Presidente colombiano con los criminales grupo paramilitares organizados en las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia.

Paralelamente, cumpliendo un acuerdo militar entre la administración de George W. Bush y el gobierno paraguayo y con la coartada de realizar “ejercicios e intercambios militares bilaterales”, ingresaron al territorio de ese último país “fuerzas especiales” y diversos equipos militares norteamericanos. Según se denunció, tal despliegue constituye una amenaza para la autodeterminación del pueblo paraguayo y para la soberanía nacional de Argentina, Brasil y Bolivia. En este último caso, por la sistemática agresividad demostrada por los medios oficiales estadounidenses y por sus aliados bolivianos contra las fortalecidas fuerzas sociales y políticas que respaldan al líder popular e indígena Evo Morales; quien ganó holgadamente las elecciones presidenciales efectuadas a fines de este año.

Ese nuevo gobierno popular, los crecientes avances de la Revolución Bolivariana, las estrechas relaciones que sostiene con esta la Revolución Cubana, junto al dinamismo que demuestran los movimientos socio-políticos populares en Perú y Ecuador, al igual que la creciente participación militar estadounidense en el conflicto colombiano convierten a la región andina en uno de los epicentros de la dinámica entre la reforma, la contrarreforma, la revolución y la contrarrevolución que ha caracterizado la historia latinoamericana y caribeña. Por consiguiente, es de esperar que durante el próximo año se produzcan en esa región nuevas agresiones, directas o indirectas, unilaterales o multilaterales de Estados Unidos y de sus principales aliados en Hemisferio Occidental. Como en otras ocasiones históricas, tales agresiones podrían ser antecedidas, acompañadas o sucedidas de nuevas prácticas vinculadas al terrorismo de Estado.

La Habana, 8 de enero del 2006


FIN