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TERCERA PARTE DEL ARTICULO

Las bicentenarias agresiones de Estados Unidos contra America Latina y el Caribe

EL “BUEN VECINO”

1933: A pesar de la cacareada proclamación de la Política de Buen Vecino y de sus compromisos de abandonar la política intervencionista de sus antecesores, y después de fracasar en su intento de “mediación” con la dictadura del general cubano Gerardo Machado (1926-1933) y del derrocamiento de este mediante una insurrección popular (identificada en la historia de Cuba como “la Revolución del 33”), el presidente demócrata Franklin Delano Roosevelt (1933-1945) emprendió diversas acciones para derrocar al breve gobierno popular y tímidamente nacionalista de Ramón Grau San Martín. Entre ellas, las demostraciones de fuerza realizadas por treinta navíos de guerra estadounidenses frente a las costas cubanas y la negativa de la Casa Blanca a reconocer al posteriormente denomindo “gobierno de los Cien Días”.

1934: El presidente cubano Ramón Grau San Martín fue derrocado por un golpe de estado urdido por el entonces coronel Fulgencio Batista y por el Embajador norteamericano en La Habana, Jefferson Caffery. Gracias a ese cuartelazo y al automático reconocimiento de la Casa Blanca, fue impuesto como Presidente de la República de Cuba el coronel Carlos Mendieta (1934-1937). A pesar de que durante su mandato formalmente se anuló la Enmienda Platt, Mendieta firmó el Tratado que le posibilitaba a Estados Unidos mantener de manera indefinida la ocupación militar estadounidense del territorio cubano donde aún está enclavada la mal llamada “Base Naval de Guantánamo”.

Paralelamente, y en contubernio con el Embajador norteamericano en Managua, Arthur Bliss Lane, el general Anastasio Somoza García, entonces Jefe de la Guardia Nacional formada por Estados Unidos, ordenó el asesinato de Augusto César Sandino y la sanguinaria destrucción de la cooperativa sandinista de Wililí.

Adicionalmente, luego de dilatadas negociaciones, el Presidente Franklin Delano Roosevelt logró un acuerdo con su “homólogo” haitiano, Sténio Vincent, que le posibilitó concluir la ocupación de ese país. Sin embargo, el control político, económico y militar estadounidense –camuflado de “intervención financiera”— se prolongó de manera indefinida.

1935: Con el apoyo de la Casa Blanca, el llamado gobierno Batista-Caffery-Mendieta emprendió una sangrienta represión contra la huelga general proclamada en Cuba en marzo de ese año. Días después, cumpliendo ordenes del propio trío, fue asesinado el prestigioso ex ministro del gobierno de Grau San Martín y entonces líder la organización revolucionaria Joven Cuba, Antonio Guiteras, así como su compañero de luchas, el venezolano Carlos Aponte, quien había sido coronel del “pequeño Ejército Loco”.

Paralelamente, en Río Piedra, Puerto Rico, la Guardia Nacional estadounidense reprimió violentamente una manifestación pacífica de los sectores independentistas encabezados por el Partido Nacionalista fundado, en 1922, por el posteriormente martirizado líder independentista Pedro Albizu Campos (1893-1965).

1936: Tomando como pretexto los postulados del Protocolo Adicional Relativo a la No Intervención aprobado en Buenos Aires por la Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz, el presidente Franklin Delano Roosevelt respaldó el golpe de Estado contra el presidente “liberal” Juan Bautista Sacasa (1933-1936) perpetrado por el entonces Jefe de la Guardia Nacional “nicaragüense”, Anastasio “Tacho” Somoza. Surgió así –con el respaldo del “Buen Vecino”— una de las “dictaduras dinásticas” más terroríficas y odiadas de América Latina y el Caribe.

Por otra parte, y con el propósito de desmontar las crecientes resistencias populares a todos los tratados que habían dado origen a la “semirrepública de Panamá”, Roosevelt y el entonces presidente Harmodio Arias (1932-1936) firmaron un nuevo tratado que formalmente anuló el derecho de los Estados Unidos a intervenir en los asuntos internos y externos panameños. No obstante, las fuerzas armadas estadounidenses conservaron el control de la Zona del Canal de Panamá y su “derecho” a garantizar ad finitum la seguridad de esa vía interoceánica.

1937: Con el silencio cómplice de la Casa Blanca el sátrapa “dominicano” Rafael Leonidas Trujillo ordenó la sádica matanza de cerca de 25 000 haitianos. Para evitar que el incidente afectara la “seguridad del Caribe”, el Departamento de Estado presionó la realización de una reunión entre el presidente haitiano Sténio Vincent y Trujillo. Esta concluyó con la aceptación por parte del mandatario haitiano de una indemnización de “veintinueve dólares” por cada uno de los 18 000 haitianos que –según el sátrapa dominicano— habían sido asesinados.

Paralelamente, la Guardia Nacional estadounidense ametralló una manifestación pacífica de las fuerzas independentistas puertorriqueñas que se desarrollaba en la ciudad de Ponce. En correspondencia con esas prácticas y respetando la distribución de esferas de influencia que había establecido el Tratado Hay-Pouncefot de 1901, la Casa Blanca respaldó la estrategia represiva desplegada por el imperialismo británico contra la cadena de huelgas obreras y las manifestaciones populares que sacudieron sus posiciones coloniales bañadas por el mar Caribe. En particular, a Barbados, Jamaica, Guyana, San Vicente, Santa Lucía, Saint Kitts y Trinidad y Tobago.

1938: Como respuesta a la decisión soberana del gobierno popular y nacionalista de Lázaro Cárdenas (1934-1940) de nacionalizar las propiedades de las empresas petroleras inglesas y estadounidenses, la Casa Blanca suspendió las compras de plata, así como la “ayuda económica” que le ofrecía a México. También mantuvo una posición anuente frente al férreo boicot a las exportaciones petroleras mexicanas y la importación de las refacciones decretada –con el apoyo del gobierno británico— por las empresas imperialistas nacionalizadas. Además, ejerció diversas presiones diplomáticas con vistas a lograr que el gobierno mexicano pagara las desproporcionadas indemnizaciones que exigían los “pulpos petroleros”.

1939: Se inició la Segunda Guerra Mundial e impulsada por los Estados Unidos se efectuó en Panamá la Primera Reunión de Consultas de Ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Panamericana. En ese contexto, la administración de Franklin Delano Roosevelt nombró como gobernador colonial de Puerto Rico al almirante William Leahy; quien fortaleció las acciones dirigidas a la militarización de ese archipiélago; entre ellas, la ocupación de la isla de Vieques para convertirla en polígono de pruebas de los armamentos estadounidenses.

Paralelamente, la Embajada estadounidense en La Paz, Bolivia, emprendió diversas “presiones diplomáticas” contra el fugaz gobierno del joven coronel Germán Busch Herrera (1937-1939), quien –tratando de profundizar las acciones nacionalistas de su antecesor, David Toro (1935-1937)— había respaldado la nacionalización de las propiedades de la Standard Oil Company.

1940: A pesar de la oposición de algunos gobiernos latinoamericanos (en particular el de Argentina, que recordó su añejo conflicto con el Reino Unido en torno a las Islas Malvinas), la Segunda Reunión de Consultas de Ministros Relaciones Exteriores de la Unión Panamericana refrendó la Resolución Conjunta del Congreso estadounidense que –aduciendo explícitamente la Resolución de No Transferencia de 1811—, proclamó que los Estados Unidos no reconocerían el traspaso de ningún territorio del Hemisferio Occidental “de una potencia no americana a otra potencia no americana…”. Por ende, se santificaron las acciones que ya había emprendido la Casa Blanca con vistas a ocupar militarmente las posesiones coloniales holandesas (Aruba, Curazao, Surinam) y francesas (Martinica, Guadalupe y Cayena) en el mar Caribe. Adquirieron así, por primera vez en la historia, un carácter “panamericano” algunos de los postulados de la Doctrina Monroe.

De la misma forma, mediante el llamado acuerdo “bases por destructores” firmado entre los imperialismos anglosajones, las fuerzas armadas estadounidenses ocuparon “preventivamente” las principales posesiones coloniales británicas en la llamada “cuenca del Caribe”.

1941: Sobre la base de la llamada Carta del Atlántico signada entre Franklin Delano Roosevelt y el primer ministro británico, Winston Churchill, se instalaron más de una decena de bases aéreas y navales estadounidenses en algunas colonias inglesas en el Caribe; en algunas regiones como Antigua, Bahamas, Bermudas, la Guayana Británica, Jamaica, Santa Lucia y Trinidad y Tobago. En ese contexto, la administración de Franklin Delano Roosevelt –mediante un acuerdo con el gobierno holandés en el exilio y con el apoyo de las Fuerzas Armadas de Brasil—, tropas norteamericanas ocuparon el territorio de la llamada “Guyana Holandesa” (Surinam).

Asimismo, el gobierno del “Buen Vecino” organizó un golpe de Estado contra “el gobierno pro fascista” de Arnulfo Arias (1940-1941, siendo sustituido este por Ricardo Adolfo de la Guardia (1941-1945), quien de inmediato aceptó la ampliación de las bases militares estadounidenses enclavadas en la Zona del Canal de Panamá.

1942: Después que la Casa Blanca había decidido unilateralmente declararle la guerra a las potencias imperialistas integrantes del Eje Berlín-Roma-Tokio, se efectuó en Río de Janeiro, Brasil, la Tercera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Panamericana. En ella, debido a las exigencias estadounidenses, se estableció un Comité Consultivo de Emergencia para la Defensa Política del Hemisferio Occidental y se fundó la llamada Junta Interamericana de Defensa (integrada por todos los ejércitos de la región), que tan nefasto papel jugó en la historia posterior de América Latina y el Caribe. A partir de ahí se instalaron nuevas bases militares norteamericanas en Brasil, Ecuador y República Dominicana.

Igualmente, una dependencia especial del Departamento de Estado –encabezada por el multimillonario John Rockefeller Jr.—comenzó a implementar diversas acciones dirigidas a profundizar el control económico de América Latina y el Caribe por parte de Estados Unidos.

1944: Unidades de la Marina de Guerra estadounidense bloquean el puerto de Buenos Aires con el propósito de obligar al gobierno surgido de la contradictoria Revolución militar de 1943 (en el que ocupaba prominentes posiciones el entonces coronel Juan Domingo Perón), a romper sus relaciones diplomáticas y a declararle la guerra a las potencias integrantes del Eje Berlín-Roma-Tokio. El bloqueo se levantó cuando el Jefe de la Junta Militar argentino, general Pedro Ramírez, decidió romper sus relaciones diplomáticas con Alemania, Italia y Japón.

1945: Murió Franklin Delano Roosevelt. Lo sustituyó su vicepresidente Harry Truman, quien cargó con la responsabilidad histórica de haber autorizado el bombardeo atómico de las indefensas ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaky.

Previamente, se efectuó en México la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz, en la que mediante el Acta de Chapultepec y la llamada Carta Económica de las Américas, todos los gobiernos latinoamericanos y caribeños (con excepción del gobierno argentino que fue excluido del cónclave), quedaron comprometidos a respaldar los esfuerzos estadounidenses dirigidos a terminar la guerra, así como a reorganizar el “orden” y la institucionalidad política y económica internacional y hemisférica que emergería de la Segunda Guerra Mundial. En consecuencia, la Casa Blanca obtuvo el respaldo de los gobiernos de la región para que la entonces naciente Organización de Naciones Unidas (ONU) reconociera la vigencia de la Doctrina Monroe y de “los acuerdos interamericanos” que se adoptaran al amparo de la misma.

Mientras tanto, con el apoyo de la Embajada norteamericana en Río de Janeiro, un golpe de Estado derrocó al contradictorio mandatario brasileño Getulio Vargas (1930-1945).

LA “DOCTRINA TRUMAN”

1946: Con el respaldo de la Casa Blanca, fue violentamente derrocado en Bolivia el gobierno nacionalista y popular de Gualberto Villarroel (1943-1946). Lo sustituyó el presidente Enrique Hertzog, quien desató una draconiana represión contra las organizaciones políticas y sociales que había respaldado al depuesto gobierno.

Paralelamente, el gobierno estadounidense respaldó a las fuerzas derechistas (pro fascistas y pro falangistas) que, en 1946 y tras la candidatura del presidente conservador Mariano Ospina Pérez (1956-1950), asumieron el gobierno de Colombia.

Por otra parte, aliada con los sectores más reaccionarios de la sociedad argentina, al igual que con algunas fuerzas de izquierda de ese país, la Embajada norteamericana en Buenos Aires comenzó una intensa campaña dirigida a evitar la elección del candidato presidencial del entonces denominado Partido Laborista, coronel Juan Domingo Perón. La enorme popularidad previamente adquirida por este (en su carácter de Ministro de Trabajo y, luego, como Vicepresidente del llamado “gobierno Farrell-Perón”) permitió derrotar esa maniobra estadounidense.

1947: Antecedida –a instancia del primer ministro británico Winston Churchill— por la ruptura de la “gran alianza anglo-soviética-norteamericana” que había derrotado al nazi-fascismo, los círculos gubernamentales de los Estados Unidos proclamaron la Doctrina Truman, dirigida a “contener el avance del comunismo en todo el mundo”. Bajo ese enunciado, veinte gobiernos latinoamericanos y caribeños signaron en Río de Janeiro el mal llamado Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca (TIAR) que sirvió como “modelo” a todos los pactos militares establecidos por los Estados Unidos en el resto del mundo.

Previamente, la administración Truman había fortalecido sus relaciones con el gobierno del reaccionario del general paraguayo Higinio Morínigo (1940-1948) y con los longevos regímenes militares terroristas que controlaban el poder en El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Asimismo, había respaldado el violento “cuartelazo” que se produjo en Ecuador contra el presidente constitucional José María Velasco Ibarra (1944-1947) y la brutal represión desatada contra las fuerzas populares chilenas por el Presidente Gabriel González Videla (1946-1952).

1948: Manchada con la sangre derramada por el pueblo colombiano durante la desorganizada insurrección popular (conocida como “el Bogotazo”) y la draconiana represión –que siguió al asesinato del líder popular Jorge Eliecer Gaitán, la IX Conferencia Internacional de Estados Americanos fundó la Organización de Estados Americanos (OEA) y, bajo la presión del entonces Secretario de Estado norteamericano George Marshall (1947-1949), aprobó la Resolución sobre la Preservación y Defensa de la Democracia en las Américas, de clara matriz anticomunista.

Días antes, una sangrienta sublevación –encabezada por el “demócrata anticomunista” José Figueres—, había derrotado a las fuerzas populares y comunistas que apoyaban al gobierno del socialcristiano costarricense Teodoro Picado (1944-1948). Tal acción -que dejó un saldo de 2000 muertos—, fue favorecida por una invasión militar realizada con el apoyo de la Legión del Caribe, en la que tenía un indiscutible peso político-militar el recién “electo” gobernador colonial de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín. Este, previamente, había instituido la llamada Ley Mordaza dirigida a reprimir las luchas por la independencia que venían desarrollándose desde años atrás en ese archipiélago caribeño.

Paralelamente, la Casa Blanca respaldó la brutal represión emprendida por las autoridades coloniales británicas contra las manifestaciones populares y pro independentistas que ya se venían produciendo en la llamada “Guyana británica”. También respaldó los golpes de Estado que instauraron en Perú la dictadura militar del coronel Manuel Odría (1948-1956) y en Venezuela una Junta Militar en la que ocupó el Ministerio de Defensa el coronel y posterior dictador Marcos Pérez Jiménez.

1949: La administración Truman respaldó la ola de terror desatada por el gobierno colombiano presidido por Mariano Ospina Pérez y por su mentor y posterior presidente, Laureano Gómez (1950-1953). Como consecuencia de esa política represiva y de la mal llamada “violencia liberal-conservadora” se calcula que, entre 1948 y 1953, perdieron la vida entre 200 mil y 300 mil colombianos y colombianas.

1950: El gobernador colonial de Puerto Rico, Luis Muñoz Martín y la Guardia Nacional estadounidense, emprendieron una violenta represión contra el movimiento independentista de Puerto Rico con el pretexto de sofocar la audaz, pero frustrada sublevación del Partido Nacionalista que proclamó la República de Puerto Rico.

Paralelamente, la Casa Blanca respaldó en Haití el golpe militar que llevó a la presidencia de ese país al general Paul Magloire (1950-1956), quien inmediatamente se sumó a los gobiernos latinoamericanos y caribeños que –dentro de los marcos de la OEA—, respaldaron la agresión estadounidense contra la entonces recién fundada República Democrática y Popular de Corea (RDPC).

1951: Tomando como pretexto el desarrollo de la Guerra de Corea (1950-1953), se efectuó en Washington una Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores de todos los países latinoamericanos y caribeños integrantes del Sistema Interamericano. En esa reunión –a instancias del presidente Harry Truman—, se aprobó una Resolución sobre el Fortalecimiento de la Seguridad Interior de los Estados del Hemisferio Occidental. Ella posibilitó el despliegue de centenares de asesores militares estadounidense en toda la región, quienes ejercieron un nefasto papel en la conformación de los represivos Ejércitos de la mayoría de los países latinoamericanos y caribeños, en tanto, a partir de 1952, doce gobiernos de esa región (ocho de ellos, de la Cuenca del Caribe) firmaron Convenios de Asistencia Militar con Estados Unidos en el marco del Programa de Seguridad Mutua, que venía impulsando la Casa Blanca desde 1945.

1952: Con vistas a evitar la elección del candidato presidencial del Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo), la Casa Blanca respaldó un golpe de Estado contra el corrupto gobierno de Carlos Prío Socarrás (1948-1952) en Cuba. Este fue encabezado por el general Fulgencio Batista, quien de inmediato desató una sangrienta represión contra todos los sectores opuestos a su dictadura.

Paralelamente, triunfó la Revolución Boliviana de 1952, encabezada por el reformista Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) dirigido por Víctor Paz Estensoro. A pesar de sus inconsistencias políticas, la Casa Blanca le aplicó un potente cerco político, diplomático, económico y militar que sólo fue debilitado cuando Paz Estenssoro comenzó a realizarle diversas concesiones a los Estados Unidos.

A su vez en Puerto Rico, en medio de una feroz e indiscriminada represión contra el movimiento independentista, las fuerzas de ocupación estadounidenses institucionalizaron el mal denominado Estado Libre Asociado (ELA), que todavía sirve de fachada a la dominación colonial de los Estados Unidos sobre ese archipiélago.

1953: En correspondencia con la estrategia de “contención al comunismo”, diseñada por su antecesor y con vistas a crear “un clima amigable” para las inversiones de los monopolios norteamericanos, el presidente republicano Dwight Eisenhower (1953-1961), fortaleció sus vínculos con todas las dictaduras militares o las “democracias represivas” existentes en América Latina y el Caribe. Igualmente, respaldó la intervención militar británica contra el fugaz gobierno (duró 133 días) del destacado líder independentista y socialista del pueblo guyanés, Cheddi Jagan, quien había obtenido la mayoría de los votos en las elecciones parlamentarias del año precedente. En consecuencia, nuevamente se implantó en esa nación caribeña una “dictadura (terrorista) del Departamento de Colonias británico”.

1954: Con el respaldo de la OEA, la Casa Blanca, la CIA y las fuerzas armadas de los Estados Unidos –aplicando métodos terroristas contra la población civil y con el apoyo de las cruentas dictaduras militares de Honduras y Nicaragua—, organizaron la llamada “Operación Éxito”; o sea, la invasión mercenaria que derrocó al gobierno democrático, popular y nacionalista guatemalteco presidido por Jacobo Arbenz (1951-1954).

Este fue sustituido por el sanguinario teniente coronel (posteriormente autoascendido a general) Carlos Castillo Armas (1954-1957), quien –luego de haber sido reclutado por la CIA cuando cursaba instrucción militar en la Escuela de Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos— encabezó el mal denominado Ejército de Liberación Nacional de Guatemala. Bajo su mandato se institucionalizó un régimen terrorista de Estado que acabó con la vida de miles de guatemaltecos.
Paralelamente, las Embajadas estadounidenses en Paraguay y Brasil se implicaron en la organización de los golpes de Estado que condujeron al derrocamiento del presidente “pro peronista” Federico Chávez (1949-1954) y del segundo gobierno de Getulio Vargas (1950-1954), respectivamente. Como consecuencia de esas acciones –con el apoyo de la Casa Blanca—, ocupó la presidente de Paraguay el general Alfredo Stroessner, quien hasta 1989, encabezó uno de los regímenes terroristas de Estado más prolongados del todo el Hemisferio Occidental.

1955: Antecedido por una sangrienta sublevación militar respaldada por los sectores más reaccionarios del Partido Radical y de la Iglesia Católica, así como con el apoyo directo de las marinas de guerra de Estados Unidos y del Reino Unido, fue derrocado —mediante un cruento golpe militar— el segundo gobierno constitucional de Juan Domingo Perón (1952-1955). Lo sustituyó el general Pedro Eugenio Aramburu (1955-1958), quien, mientras duró su dictadura (1955-1958), desató una feroz represión contra todos los militantes y dirigentes del Partido Justicialista (peronista), así como contra otros destacamentos populares. Adicionalmente, emprendió otras acciones dirigidas a normalizar las relaciones de Argentina con Estados Unidos.

1956: Con el cínico pretexto de celebrar el 130 aniversario del Congreso Anfictiónico convocado en 1826 por Simón Bolívar, por primera vez en la historia de las relaciones interamericanas, el Presidente norteamericano Dwight Eisenhower se reunió en Panamá con casi todos sus homólogos latinoamericanos y caribeños. Solo faltaron a la cita los dictadores de Colombia, Gustavo Rojas Pinillas (1953-1957), y de Honduras, Julio Lozano Díaz (1954-1956), quienes meses después, fueron derrocados por violentas sublevaciones populares que solamente pudieron ser aplacadas mediante sendos “cuartelazos” estimulados por las Embajadas estadounidenses en Bogotá y Tegucigalpa.

1957: Luego del ajusticiamiento en el año precedente del fundador de la dinastía somocista, Anastasio Tacho Somoza, se realizaron en Nicaragua “elecciones presidenciales”. En estas resultó electo, en medio de un agobiante clima represivo, Luis Somoza Debayle (1957-1963), quien nombró a su hermano Anastasio Tachito Somoza Debayle Jefe de la Guardia Nacional, como “regalo de graduación” por sus “excelentes notas” en la Escuela Militar de West Point, Estados Unidos. Así se garantizó –con el respaldo de la Casa Blanca y del Pentágono— la continuidad del régimen terrorista instaurado en ese país centroamericano desde 1936.

Paralelamente, en Haití, la Embajada estadounidense “santificó” el fraude electoral que llevó a la presidencia de Haití a François Duvalier (“Papa Doc”), quien –siempre con el apoyo oficial norteamericano— inauguró un régimen terrorista dinástico que se prolongó hasta 1986.

1958: Con el abierto apoyo de la Casa Blanca y del Pentágono, la dictadura de Fulgencio Batista emprendió una masiva operación militar (la llamada Ofensiva de Verano) dirigida a aniquilar al Ejército Rebelde, encabezado por el comandante Fidel Castro. Luego de la derrota de esa operación militar, la administración de Eisenhower emprendió inútiles maniobras —incluida un nuevo golpe de Estado— dirigidas a frustrar el triunfo de la Revolución cubana.

Paralelamente, en medio de grandes protestas populares, el entonces vicepresidente norteamericano, Richard Nixon, visitó diversos países latinoamericanos; entre ellos, Bolivia, Perú y Venezuela. En este último, fue tal la repulsa popular que Eisenhower movilizó unidades de la marina de guerra hacia las costas venezolanas; pero esa baladronada fue rechazada por el pueblo venezolano y por el gobierno provisional del contralmirante Wolfang Larrazabal.

Asimismo, luego del asesinato “por bandoleros de su propia camarilla” del dictador guatemalteco Carlos Castillo Armas, la Casa Blanca propició la elección como presidente del candidato de la “oposición permitida” Miguel Ydígoras Fuentes; quien por encargo de la CIA también había estado vinculado con la invasión mercenaria organizada por Estados Unidos que derrocó al gobierno de Jacobo Arbenz.
1959: Inmediatamente después del triunfo de la Revolución Cubana del 1ro de Enero de 1959, la administración de Dwight Eisenhower y la CIA impulsaron la realización de diversas acciones terroristas dirigidas al derrocamiento del gobierno revolucionario cubano, así como al asesinato de algunos de sus dirigentes; en primer lugar, al entonces Primer Ministro, comandante Fidel Castro. En algunos de esos planes, tuvo una destacada participación el sátrapa dominicano Rafael Leónidas Trujillo; quien también había estado implicado en planes para desestabilizar al entonces Presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt (1959-1964).

En consecuencia, la OEA convocó una reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores dirigida a evaluar “las tensiones en el Caribe”. En ella la Casa Blanca maniobró infructuosamente con vistas a obtener una resolución de condena a las primeras acciones de beneficio popular emprendidas por la Revolución Cubana. Simultáneamente, naves de la Marina de Guerra estadounidense constantemente comenzaron a merodear las aguas jurisdiccionales cubanas con vistas a “intervenir en caso que se produjera una crisis en Cuba”.

1960: Acorde con los planes previamente elaborados por la Casa Blanca para derrocar a la Revolución Cubana (incluido el inicio del entrenamiento en Guatemala de una fuerza mercenaria organizada por la CIA), se efectuó en Costa Rica la VII Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA. Esta aprobó una Declaración en la que –además de imponer de manera oportunista sanciones económicas contra el régimen de Trujillo, quien había organizado un frustrado atentado contra el presidente venezolano Rómulo Betancourt—, estableció que la solidaridad hacia la Revolución cubana que habían expresado la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la República Popular China “ponían en peligro la seguridad interamericana”. Se inició así –bajo las presiones del Departamento de Estado— una cascada de resoluciones de la OEA contra Cuba.

Paralelamente, con el apoyo de las Misiones Militar, Naval y Aérea, así como de la Embajada de Estados Unidos, la satrapía de Leónidas Trujillo acentuó su carácter terrorista con vistas a destruir la intensa movilización antidictatorial que se había desencadenado en República Dominicana.

1961: A pesar de las promesas del joven mandatario demócrata John F. Kennedy (1961-1963) de crear “una civilización americana en la que, dentro de la rica diversidad de sus propias tradiciones, cada nación [fuera] libre de seguir su propio camino hacia el progreso” y dándole continuidad a los planes contra la Revolución Cubana iniciados por la administración precedente, la Casa Blanca, la CIA y el Pentágono –con el apoyo de las dictaduras militares de Nicaragua y Guatemala— perpetraron la invasión mercenaria Playa Girón. A su vez, tratando de neutralizar la adversa reacción que produjo esa “primera derrota imperialista en América Latina”, la Casa Blanca impulsó la Alianza para el Progreso cuyo carácter demagógico y contrainsurgente fue rápidamente denunciado por el comandante Ernesto Che Guevara. Previamente, un comando organizado y armado por la CIA eliminó a uno de sus hijos putativos, el sátrapa dominicano Rafael Leonidas Trujillo.

Gracias a las demostraciones realizadas frente a las costas dominicanas por varias naves de guerra estadounidenses y al apoyo de la Embajada norteamericana en Santo Domingo, hasta fines de año, logró mantenerse en la presidencia el maquiavélico representante de la “burocracia trujillista”, Joaquín Balaguer. Este –con el apoyo del Jefe de las Fuerzas Armadas, Ramfis Trujillo— desencadenó una brutal represión contra todos los opositores a la dictadura.
1962: Siguiendo directrices de la Casa Blanca, la VIII Reunión de Consultas de Ministro de Relaciones Exteriores de la OEA (efectuada en Montevideo), expulsó a Cuba de esa organización regional. Meses más tarde, durante la llamada Crisis de los Mísiles, con el respaldo unánime de la OEA, John F. Kennedy desplegó una “cuarentena” (bloqueo) naval alrededor de Cuba con el propósito de impedir que el pueblo cubano —haciendo uso de su soberanía nacional—, adquiriera todas aquellas armas soviéticas que considerase necesarias para defenderse de los planes de intervención militar directa contra la Revolución que —siguiendo los lineamientos de la denominada Operación Mangosta— continuaba preparando el gobierno de los Estados Unidos. Tal y como había previsto el primer ministro de Cuba, Fidel Castro, las negociaciones soviético-estadounidenses con las que concluyó esa crisis, no impidieron que continuaran los diversos planes de los círculos de poder norteamericanos –incluidos el empleo del terrorismo— dirigidos a destruir a la Revolución Cubana.

Las antes mencionadas resoluciones anticubanas de la OEA fueron favorecidas por los golpes de Estado propugnados por la Casa Blanca que se produjeron en Argentina y Perú. En el primer caso, contra el gobierno de Arturo Frondizi (1958-1962) y, en el segundo, contra Manuel Prado Ugarteche. Este fue transitoriamente sustituido por el general Ricardo Pío Pérez; mientras que el primero fue remplazado por el Senador José María Guido, quien fue fácilmente manipulado por las Fuerzas Armadas

FIN de La tercera Parte