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CUARTA PARTE DEL ARTICULO

Las bicentenarias agresiones de Estados Unidos contra America Latina y el Caribe

LA “DOCTRINA JOHNSON”
1963: Dándole continuidad a la cadena de golpes de Estado propugnados por la Casa Blanca, sucesivos “cuartelazos” se produjeron en Ecuador, Guatemala, Honduras y República Dominicana. En el primer caso, fue derrocado por una Junta Militar el presidente Carlos Arosemena (1961-1963). En el segundo, el presidente “constitucional” Miguel Ydígoras Fuentes fue derrocado por su Ministro de Defensa, el coronel Enrique Peralta Azurdia, quien –en medio de un acentuado clima de violencia—se mantuvo en el cargo hasta 1967. En el tercero, el presidente liberal Ramón Villena (1957-1963) fue reemplazado por la larga dictadura militar encabezada por el coronel Osvaldo López Arellano (1963-1975). Y, en el último, fue derrocado el breve gobierno (sólo duró siete meses) del afamado intelectual y político dominicano Juan Bosch. Lo sustituyó durante tres años un Triunvirato integrado por los principales Jefes de las Fuerzas Armadas.

Según las indagaciones históricas, el derrocamiento de Bosch contó con el respaldo expreso del Presidente norteamericano John F. Kennedy; mientras que, luego del asesinato de este mandatario (22 de noviembre de 1963) y a pesar de ciertas contradicciones, el Triunvirato fue respaldo por la Administración de Lyndon B. Johnson (1963-1969), autor de la “doctrina” que autorizó a las Fuerzas Armadas estadounidenses a intervenir unilateralmente o a emprender “guerras limitadas” o “preventivas” en cualquier parte del mundo donde estuvieran amenazados los “intereses norteamericanos”. La máxima expresión de ese enunciado fue la criminal Guerra de Vietnam (1964-1973). En esta el aparato político-militar estadounidense ensayó todos los métodos terroristas de Estado que fueron incorporados a sus diversas estrategias contrainsurgentes contra América Latina y el Caribe.

1964: En correspondencia con la reaccionara política desplegada por el Presidente Lyndon B. Johnson, las fuerzas armadas estadounidenses reprimieron violentamente una manifestación de estudiantes que reclamaba la soberanía panameña sobre la Zona del Canal de Panamá.

A su vez en Brasil, y con el descarado apoyo del Embajador norteamericano en Río de Janeiro, fue derrocado el gobierno nacionalista y democrático de Jôao Goulart (1961-1964). Lo sustituyó el mariscal Humberto Castelo Branco (1964-1967) propugnador –junto a los altos mandos del Ejército norteamericano— de las llamadas “fronteras ideológicas” y de los sangrientos “regímenes de seguridad nacional” (militares o cívico-militares) que se instauraron durante más de dos décadas en América Latina y el Caribe.

Bajo las nefastas influencias de esas “doctrinas”, se fundó el llamado Consejo de Defensa Centroamericano (CONDECA); órgano estatal que, en estrecha coordinación con el Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses (SOUTHCOM) basificado en Panamá, coordinó las diversas estrategias contrainsurgentes y terroristas desplegadas por las dictaduras militares o los regímenes cívico-militares instalados en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Paralelamente, con el respaldo del Pentágono, el gobierno colombiano presidido con el conservador Guillermo León Valencia (1962-1966) emprendió la llamada Latin American Security Operation (más conocido como “el Plan LASO”), dirigida a derrotar, a sangre y fuego, incluidos potentes bombardeos contra la población civil, las mal llamadas “repúblicas independientes” de Marquetalia, Río Chiquito, El Pato y Guayabero.

Asimismo, con la descarada participación de la CIA, fue derrocado mediante un virtual golpe de Estado, el segundo gobierno (1961-1964) del líder del Partido Progresista del Pueblo (PPP) de Guyana, Cheddi Jagan. Adicionalmente, la Casa Blanca admitió la represión desatada por la llamada Quinta República francesa –presidida por Charles de Gaulle (1959-1969)— contra la victoria electoral de una coalición de partidos de izquierda que propugnaban la ampliación de la autonomía de Martinica.

En ese contexto y mediante diversos chantajes, la IX Reunión de Consulta de Cancilleres de la OEA (efectuada en Washington), aprobó una nueva resolución obligando a todos los Estados miembros a romper sus relaciones diplomáticas, comerciales y consulares con la Revolución Cubana. Fue acatada por todos los gobiernos latinoamericanos y caribeños, con excepción del mexicano. Como parte de esa política, el establishment de la seguridad estadounidense se inmiscuyó descaradamente en la campaña electoral chilena en la que fue nuevamente “derrotado” el candidato de las fuerzas populares, Salvador Allende. Resultó el electo el presidente democristiano Eduardo Frei Montalva (1964-1970); quien levantó la demagógica consigna de “revolución con libertad y sin sangre”.

1965: Cuarenta y dos mil efectivos de las fuerzas armadas estadounidenses —apoyados por la OEA, por la JID y por un destacamento de las Fuerzas Armadas brasileñas— intervinieron en República Dominicana con vistas a derrotar la Revolución popular y constitucionalista encabezada por el coronel Francisco Camaño Deñó. Tal levantamiento popular perseguía el retorno a la presidencia del afamado intelectual y político Juan Bosch; quien –cumpliendo instrucciones de la Casa Blanca— fue retenido en Puerto Rico por el gobernador colonial Luis Muñoz Marín (1949-1965).

Paralelamente, con el respaldo de Estados Unidos, la recién estrenada dictadura militar boliviana encabezada por los generales René Barrientos y Alfredo Ovando (ambos integrantes de la Junta Militar que, a fines de 1964, había derrocado al segundo gobierno constitucional de Víctor Paz Estenssoro) desplegó una brutal e indiscriminada represión contra el movimiento popular; en primer lugar, contra los combativos trabajadores mineros y contra el movimiento estudiantil. En la organización de las estructuras represivas de ese régimen terrorista tuvo una participación destacada el connotado oficial de las SS hitleriana y agente de la CIA, Klaus Barbie, históricamente conocido como “el carnicero de Lyon”.

1966: Con el declarado apoyo de la Casa Blanca, un golpe militar capitaneado por el fatídico general Alejandro Lanusse, derrocó al presidente constitucional argentino Arturo Illia (1963-1966). Este fue “institucionalmente” sustituido por el general Juan Carlos Onganía (1966-1970), quien durante su mandato y con el respaldo de la Logia fascista italiana P2 (Propaganda Política), colocó los primeros pilares político-ideológicos, económicos y militares del brutal régimen terrorista de Estado que se instauró en ese país suramericano una década después.

Al mismo tiempo, y como fruto de la ilegitima intervención militar “hemisférica” del año precedente, asumió nuevamente la presidencia “constitucional” de República Dominicana el trujillista Joaquín Balaguer. Este –con el indeclinable respaldo del establishment de la política exterior y de seguridad de Estados Unidos— implantó, durante doce años consecutivos (1966-1978) un régimen cívico-militar terrorista que costó la vida a cientos de dominicanos y dominicanas.

Paralelamente, la Casa Blanca y el gobierno británico conspiraron para mediatizar los procesos de descolonización que se venían desarrollando en la cuenca del Caribe. Así, en Jamaica, mediante el empleo de diversos medios (incluido la violencia política) favorecieron las sucesivas victorias electorales de los candidatos del derechista Partido Laborista de Jamaica (JLP) y, en Guyana, hicieron todo lo que estuvo a su alcance –incluido el estímulo por parte de la CIA de conflictos raciales entre la población afro americana y de origen hindú—, para evitar una nueva victoria electoral del ya estigmatizado candidato socialista del PPP, Cheddi Jagan.

1967: La confrontación histórica entre el latinoamericanismo y el panamericanismo se simbolizó en la celebración en Punta del Este, Uruguay, bajo la conducción de Lyndon B. Johnson, de la Segunda Conferencia de Presidentes Americanos y en la realización, en La Habana, de la Primera Conferencia de Solidaridad con los Pueblos de América Latina. Unos meses después, cumpliendo órdenes de la Casa Blanca, y antecedido por la criminal Matanza de la Noche de San Juan (23 de Junio) y por otras brutales medidas terroristas contra la población civil, fueron vilmente asesinados en Bolivia el comandante Ernesto Che Guevara y otros combatientes internacionalistas integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de ese país. En tales crímenes tuvieron una destacada participación diversos agentes de la CIA, así como los asesores militares estadounidenses directamente vinculados a la dictadura del general René Barrientos y al Jefe del Ejército, general Alfredo Ovando.

Paralelamente en Uruguay, y con el apoyo del gobierno estadounidense y de la dictadura de “seguridad nacional brasileña” (ahora capitaneada por el general Artur Da Costa e Silva (1967-1969)— se instaló constitucionalmente en el gobierno el dueto integrado por el ex general Óscar Gestido y por su vicepresidente Jorge Pacheco Areco.

Con el apoyo de Estados Unidos también asumió en este año la presidencia “constitucional” de Nicaragua, el último descendiente de la dinastía somocista, el entonces Jefe de Guardia Nacional Anastasio Tachito Somoza; quien durante sus doce años de mandato (1967-1979) fortaleció el régimen terrorista de Estado instaurado por su predecesores.

1968: Con el apoyo de la Casa Blanca y de las dictaduras de seguridad nacional de Argentina y Brasil, se comenzó a institucionalizar en Uruguay la “dictadura cívico-miliar” de Óscar Gestido y Jorge Pacheco Areco; quienes durante sus sucesivos mandatos (1967-1971) generalizaron la represión, el crimen y la tortura de sus opositores políticos. Así sentaron las bases del régimen terrorista de Estado que se instauró en la otrora llamada “Suiza de Suramérica” entre 1972 y 1985. En esa evolución, tuvieron un papel determinante los asesores de la CIA, con fachada de Funcionarios de la AID, encabezados por el tristemente célebre “maestro de torturadores” Dan Mitrione, posteriormente ajusticiado por el Movimiento de Liberación Nacional Tupac Amarú.

Paralelamente, en México el pro imperialista gobierno de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) provocó la llamada “Matanza de Tlatelolco". Como respuesta a la misma se produjo una ola de indignación y luchas populares desarmadas y armadas. Estas fueron contenidas mediante el despliegue de una brutal estrategia represiva, particularmente en las zonas rurales y urbanas donde operaban el Movimiento de Acción Revolucionaria y el Frente Urbano Zapatista.

[editar]LA “DOCTRINA NIXON”
1969: Con el apoyo del entonces recién electo presidente republicano Richard M. Nixon (1969-1976) y de la Marina de guerra estadounidense, la Royal Dutch Army de Holanda desembarcó más de mil paracaidistas con vistas a sofocar una poderosa sublevación popular, encabezada por el recién constituido Frente Obrero y de Liberación de Curazao. Simultáneamente, la Casa Blanca comenzó a desarrollar diversas estrategias –incluidas la aplicación de sanciones económicas— contra los gobiernos militares nacionalistas de Perú y Panamá, liderados desde el año precedente, por el general Juan Velasco Alvarado y por el teniente coronel Omar Torrijos, respectivamente.

A la par, Nixon y su entonces jefe del Consejo Nacional de Seguridad, Henry Kissinger, organizaron un viaje por Suramérica del multimillonario y otrora Coordinador de la Oficina de Asuntos Interamericanos del Departamento de Estado, Nelson Rockefeller; quien elaboró un informe donde propuso el “reforzamiento del sistema de “seguridad colectiva” del Hemisferio Occidental y de la OEA. También recomendó estrechar los vínculos de Estados Unidos con los círculos militares de América Latina y fortalecer “los esfuerzos propios” que estaban desarrollando algunos gobiernos latinoamericanos y caribeños para “conjurar la revolución social”. Se sentaron así algunos de los pilares de la “Doctrina Nixon”. En oposición a las intervenciones militares, más o menos directas, ejecutadas por sus predecesores, esta pretendía “latinoamericanizar” la represión en el Hemisferio Occidental.

1970: Con vistas a tratar de frustrar la victoria electoral del candidato de la Unidad Popular chilena, Salvador Allende, la CIA emprendió diversas acciones (incluido el alevoso asesinato del entonces jefe del ejército, general René Schneider) dirigidas a provocar una crisis institucional que propiciara un golpe de Estado. Ante la decisión del Congreso chileno de ratificar la victoria electoral de Allende, la administración Nixon –junto a las fuerzas más reaccionarias de la sociedad chilena— emprendió un sistemático plan de desestabilización económica, política y militar de ese gobierno popular.

Paralelamente, la Casa Blanca y el gobierno del Reino Unido respaldaron las draconianas medidas represivas emprendidas por el premier Eric Williams (1962-1981) con vistas a sofocar, a sangre y fuego, el violento estallido popular encabezado por el National Joint Action Committee en Trinidad y Tobago. Tal represión se produjo bajo la mirada cómplice de las fuerzas militares estadounidenses acantonadas en la base militar de Chaguaramas, instalada en esa nación caribeña desde la Segunda Guerra Mundial.

1971: Con el respaldo de la Casa Blanca, de la Embajada estadounidense en La Paz, así como de las dictaduras militares de Brasil y de Argentina, los sectores más reaccionarios de las fuerzas armadas y de las clases dominantes bolivianas desencadenaron un sangriento golpe de Estado contra el gobierno del general Juan José Torres (1970-1971), quien –con el respaldo y la presión del movimiento popular— encabezó un nuevo intento cívico-militar por actualizar y llevar a vías de hecho los principales postulados democráticos y nacionalistas de la traicionada Revolución boliviana de 1952. Como consecuencia de ello se instauró la sanguinaria dictadura terrorista del general Hugo Banzer Suárez (1971-1979).

Posteriormente, se develó un nuevo (y frustrado) plan de la CIA con vistas a asesinar al presidente cubano Fidel Castro durante las visitas oficiales realizadas a Chile, Perú y Ecuador. Igualmente, se conocieron nuevos detalles de los planes desarrollados por el gobierno y por algunas empresas transnacionales norteamericanas –como la International Telephone and Telegraph (ITT)— dirigidas a crear las condiciones político-militares que, dos años más tarde, le permitieron derrocar violentamente al gobierno popular de Salvador Allende.

Luego de la muerte por causas naturales de François Duvalier, y con el apoyo de la Casa Blanca, asumió el gobierno de Haití su hijo Jean-Claude Duvalier (Baby Doc); quien en ese momento sólo tenia 19 años de edad. Continuó así, hasta 1986, el régimen terrorista instaurado en ese país desde 1957.

1972: El establishment de la política exterior y de seguridad de Estados Unidos, la Junta Interamericana de Defensa (radicada en Washington) y las sanguinarias dictaduras de Guatemala y Nicaragua se implicaron de manera directa en la cruenta derrota de la sublevación popular –respaldada por el Movimiento de Jóvenes Militares— que estalló en El Salvador como reacción ante el descarado fraude electoral contra el candidato de la Unión Nacional Opositora, Napoleón Duarte, protagonizado por el testaferro de la oligarquía salvadoreña, coronel Armando Molina. Luego de esos sangrientos acontecimientos, en las siguientes dos décadas, una nueva ola de “terror blanco” estremeció a El Salvador.

Paralelamente la Casa Blanca mantuvo su respaldo al régimen de terror instalado en Guatemala tanto por el gobierno del Dr. Julio César Méndez Montenegro (1996-1970), como por el general Carlos Arana Osorio (1970-1974). Este último aplicó una estrategia genocida en las zonas indígenas donde operaban las principales organizaciones guerrilleras guatemaltecas. Igual –con el respaldo de la CIA— emprendió una brutal represión en las principales ciudades del país.

1973: Con la participación de la Casa Blanca, del Pentágono, de la CIA, al igual que de la ITT, la Braden Cupper Corporation y de otros monopolios norteamericanos, así como antecedido por el férreo bloqueo de los organismos financieros internacionales (FMI, BM) e interamericanos (BID), fue derrocado y asesinado el presidente constitucional chileno Salvador Allende. Se inició así el prolongado régimen de terror instaurado por la dictadura militar fascista (1973-1990) del general Augusto Pinochet.

Previamente, con el respaldo de los Estados Unidos y de las “dictaduras de seguridad nacional” instauradas en Brasil y Paraguay, se institucionalizó en Uruguay la dictadura terrorista del general Juan María Bordaberry (1971-1976).

Al mismo tiempo, con el contubernio de la Embajada norteamericana en Buenos Aires y de los regímenes de seguridad nacional antes referidos, comenzaron a formarse los primeros grupos terroristas –como la Alianza Anticomunista Argentina—, que mediante la eliminación física, individual o colectiva de importantes cuadros y activistas de las organizaciones de izquierda –peronistas y no peronistas— comenzaron a desestabilizar al recién instaurado “gobierno Cámpora-Perón”.

A su vez, la Casa Blanca y su poderosa misión militar en República Dominicana respaldaron la decisión del segundo gobierno “constitucional” de Joaquín Balaguer (1970-1974) de asesinar, a sangre fría, al líder constitucionalista Francisco Caamaño Deñó y a sus principales seguidores. Estos habían desembarcado en ese país con vistas a iniciar la lucha armada guerrillera.

Paralelamente, con el respaldo de los imperialismos anglosajones el gobierno colonial de Granada, encabezado por el dictador Eric Gairy, emprendió una draconiana represión contra los luchas por la verdadera independencia de esa pequeña isla caribeña; entre ellas, el ametrallamiento de una pacífica manifestación popular que pasó a la historia de ese país como “el domingo sangriento”.

1974: Como parte de su política de agresiones económicas hacia el continente, la Casa Blanca promulgó una nueva Ley del Comercio, de cuyos beneficios quedaron excluidos Venezuela y Ecuador por ser integrantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Asimismo, amenazó con represalias parecidas a los demás países del continente (Perú, Panamá, Ecuador, Jamaica, Guyana,...) que, por aquellos años, se integraron a diversas organizaciones internacionales dirigidas a defender los precios de sus principales productos de exportación, por ejemplo, el banano, el cobre, el estaño, la bauxita y el petróleo.

A su vez, luego de la muerte de Juan Domingo Perón (1ro de julio de 1974), el agente de la CIA José López Rega, entonces Ministro de Bienestar Social del débil gobierno de Isabel Martínez (1974-1976), emprendió una oleada de acciones terroristas contra el movimiento popular. A la vez, comenzó a conspirar con el sanguinario y corrupto Jefe de la Marina de guerra, almirante Emilio Massera, con vistas a producir un “golpe blanco” o un nuevo “pronunciamiento militar”.

Paralelamente, como respuesta a la ola de huelgas que sacudieron al país en los dos años precedentes, el gobernador colonial de Puerto Rico, Rafael Hernández Colón (1973-1977), emprendió –con el apoyo de la administración de Gerald Ford (1974-1977), del FBI y de la Guardia Nacional—una brutal política represiva contra el moviendo popular y contra las principales organizaciones independentistas.

1975: Según se ha documentado, desde este año el ya Secretario de Estado Henry Kissinger (1973-1977) fue informado por el Embajador norteamericano en Buenos Aires, Robert Hill, de que en Argentina se estaba preparando un nuevo golpe militar que –por su crueldad— implicaría graves violaciones a los derechos humanos. Paralelamente, el almirante Emilio Massera comenzó a entrenar en Estados Unidos a efectivas de la Marina en técnicas de contrainsurgencia y el entonces Jefe del Ejército, general Jorge Videla, viajó a West Point, Estados Unidos. También participó en la reunión de Jefes de Ejércitos Latinoamericanos –organizada por la JID y efectuada en Montevideo— con el propósito de construir las alianzas internacionales que facilitan la coordinación de la actividad represiva con el SOUTHCOM y con las dictaduras terroristas ya entronizadas en Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Uruguay.

Paralelamente, en Perú se produjo un “golpe blanco” contra el ya enfermo general y presidente Juan Velasco Alvarado (1968-1975). Este fue sustituido por el también general Francisco Morales Bermúdez, quien de inmediato y favorecido por las recomendaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, firmó diversos acuerdos “neoliberales” con el FMI que rápidamente erosionaron el ímpetu popular y nacionalista del movimiento militar que se había iniciado en 1968. En consecuencia, durante su mandato (1975-1980) tuvo que emprender violentas medidas represivas contra el movimiento popular.

1976: Con el conocimiento del presidente estadounidense Gerald Ford y del Secretario de Estado, Henry Kissinger, se instauró en Argentina una sanguinaria Junta Militar encabezada por el Jefe del Ejército, general Jorge Videla. En ese contexto, con el consentimiento de los servicios especiales estadounidenses, se estructuraron las llamadas “Operación Murciélago” y “Operación Cóndor” mediante las cuales las dictaduras militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay se coligaron para desarrollar una de las más sádicas “cacerías” de que han sido víctimas prominentes dirigentes populares y revolucionarios del continente.

A esa “multinacional de la represión y el terror” —encabezada por los dictadores de Chile y Paraguay, Augusto Pinochet y Alfredo Stroessner, respectivamente— también se vincularon la dictadura de Eric Gairy en Granada, las principales dictaduras militares centroamericanas y algunas organizaciones contrarrevolucionarias de origen cubano, amamantadas por el establishment de seguridad de Estados Unidos. Éstas, guiadas por la consigna de llevar “la guerra contra Cuba a todos los rincones del mundo”, realizaron más de 279 acciones terroristas contra diversos objetivos civiles en Europa occidental, América Latina y el Caribe; entre ellas, la sádica voladura en pleno vuelo de un avión civil de la compañía Cubana de Aviación que cumplía su ruta comercial entre diferentes islas del Caribe el 6 de octubre de 1976.

FIN DE LA CUARTA PARTA